Últimamente las agresiones de funcionarios de la salud, por parte de personas privadas de su libertad, que han requerido atención médica, se están repitiendo en los informativos.
El Sr. Ministro del Interior y la Sra. Presidenta de ASSE comparecieron ante el Parlamento para explicar lo sucedido y exponer las soluciones previstas para que no se repitieran situaciones similares.
Cabe aclarar que no se trata de un problema nuevo, sino de un tema pendiente que se arrastra, en la mayoría de los casos, desde el cierre del penal de Punta Carretas.
En ese establecimiento existía un hospital penitenciario, donde lo custodial estaba en manos del personal carcelario y lo asistencial era aportado por personal contratado por el Ministerio del Interior.
La apertura del COMCAR, sin ese servicio imprescindible, trajo estos problemas que hoy parecen haber tomado mayor estado público.
Según declaró el Ministro Bonomi, se estaría construyendo un nuevo hospital penitenciario.
Por su parte otro componente de la misma problemática es el que se vincula a las medidas cautelares con los pacientes psiquiátricos.
Existen dos situaciones legalmente diferentes en función de la imputabilidad o no imputabilidad de los pacientes privados de libertad:
Hay pacientes que, por haber cometido delitos en el marco de alguna patología psiquiátrica, deben ser privados de su libertad y al mismo tiempo asistidos por su patología. Esos pacientes ocupan la tristemente famosa sala 11 del Vilardebó y su símil en las Colonias. Teóricamente no pueden ser recluidos en servicios penitenciarios.
Por otra parte existen personas privadas de su libertad que presentan una patología psiquiátrica ulterior a su reclusión y que deben ser asistidos mientras cumplen su condena.
Cuando el retorno a la democracia, existía en el Vilardebó otra sala (la 11bis) en la que los reclusos (imputables) eran internados por problemas siquiátricos. Esa sala era custodiada por personal de Institutos Penales y dependía administrativamente de ese organismo.
Problemas generados por algunos pacientes inimputables de la sala 11, (motines y fugas), cuando yo dirigía ese hospital, hicieron que un juez penal decidiera su internación en la sala 11bis, en virtud de las mayores garantías de seguridad que ofrecía dicha sala. Esta decisión determinó el abandono de ese servicio por parte del personal penitenciario, idóneo en esa tarea, por entender que era incompatible la internación de pacientes inimputables en un Servicio Penitenciario. Seguramente fue la responsable de que hoy imputables e inimputables se internen en la sala 11 del Vilardebó, dependiente de la Dirección de dicho hospital.
La teoría dice que las organizaciones deben dedicarse a lo que están preparadas y especializadas y deben dejar de lado o tercerizar otras funciones para las que no lo están.
En este caso lo esencial es lo custodial, resuelto por el juez competente que entiende que más allá de la patología psiquiátrica y de la responsabilidad frente al delito, las personas deben estar bajo custodia del Estado.
Lo accesorio es lo asistencial que puede ser contratado o aportado por otras organizaciones especializadas.
Por esto es que me preocupa haber sentido al Ministro decir que se iba a reacondicionar la sala 11 del Vilardebó para internar estas personas.
El Vilardebó debe ser liberado de eshttp://lademocracia.info/?p=2560http://lademocracia.info/?p=2560a responsabilidad y adecuada su planta física para convertirlo en un Servicio de Internación público privado, como lo era cuando yo estudiaba Medicina.
La internación de los pacientes psiquiátricos imputables e inimputables debe ser resuelta en otra planta física donde lo custodial sea lo esencial y esté bajo la responsabilidad de personal especializado y lo asistencial sea contratado por el mismo servicio o aportado por otro organismo que se ajuste a las disposiciones que garanticen la seguridad de pacientes y funcionarios.
No sigamos tropezando con la misma piedra, diciendo que vamos a solucionar los problemas y dejando todo como está.
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