Hoy nos encontramos con la noticia que después
de casi 10 años de gobierno frenteamplista, se aprobó una reglamentación de las residencias para la 3ª
edad.
Increíblemente aparece en plena campaña
electoral, un día después de saber que una bebita se salvó gracias a la
policía, porque ASSE no tenía ambulancia en Paysandú.
Siempre he sostenido que uno no puede
reglamentar cosas que no puede hacer cumplir, porque es la mejor forma de
perder autoridad.
No tengo dudas que
hay un número importante de estas residencias que se esfuerzan por cumplir con
las reglamentaciones vigentes. He conocido en el pasado autoridades de
sociedades que las vinculan, que tenían serias preocupaciones por cumplir las reglamentación y por la competencia desleal que las residencias clandestinas generaban y supongo que deben seguir existiendo.
Pero la primer
pregunta que me surge es qué va a suceder con todas aquellas residencias, que
hoy existen pero que no cumplen con la nueva normativa. ¿Con qué recursos se
piensa que se van a realizar las adaptaciones? Cuando la planta física no lo
habilita, qué deben hacer ¿cambiar de inmueble?
Cuando no se puedan
realizar las adaptaciones o cambiar de inmueble, ¿las piensan cerrar? ¿las
piensan multar?
¿Que piensan hacer
con aquellas residencias que atienden a la población de menos recursos?
Seguramente va a ser imposible que cumplan con esas normas.
Si no existe una política
que promueva este tipo de servicios, que en definitiva atienden las omisiones
en las que el propio estado incurre, no parece serio salir a hacer ruido con
algo que no sirve, pero que la gente cree que es un nuevo beneficio para l@s
ancian@s
Lo que si se podría hacer es empezar por mejorar la capacitación de los recursos humanos que trabajan en esos servicios y apostar a una mejor calidad de los mismos a través de éstos.
En España, por ejemplo, han
creado opciones interesantes. Buena cosa sería considerarlas. http://es.familydoctor.org/familydoctor/es/seniors/caregiving/housing-options-for-seniors.html#.VCMQuSro2nx.facebook
