¿Se precisan oftalmólogos o
cataratólogos? ¿Qué se ha hecho con los técnicos supuestamente entrenados
durante estos 12 años y 95000 intervenciones? La inversión realizada ha sido
eficaz pero no sabemos si ha sido eficiente.
Muchas horas de comunicación se
han destinado a este tema y tengo la sensación de que en la mayoría de los
casos su tratamiento es muy parcial.
Con toda franqueza creo que estos
hechos generan demasiadas dudas.
Hay algo que no puede ser ignorado
y en lo que todos estamos de acuerdo. Han transcurrido más de 12 años desde que
se inició este experimento. Hay un número muy importante de compatriotas que
han recuperado la vista y el impacto se focaliza en la población más
vulnerable, cuya capacidad de pago de
estos tratamientos, a nivel privado, era insuficiente.
Como casi todo lo que se ha hecho
hasta ahora, no hay información alguna sobre la evaluación del impacto, más
allá de lo que señala el sentido común.
Por lo tanto no parece lógico
dudar del para qué y si ponernos a analizar el cómo.
Surgió, después de 12 años y a
raíz de la solicitud de revalidar sus títulos por parte de algunos de los
actores del experimento, el cuestionamiento por parte de la cátedra de
oftalmología de su capacidad académica para ejercer como especialistas en el
territorio nacional.
Eso trae como primer interrogante
la oportunidad del cuestionamiento después de tanto tiempo. ¿Por qué no se hizo
antes? Las cosas no suceden por casualidad sino que uno debe tener la costumbre
de preguntarse cuáles deben ser las causas de esa omisión.
La segunda pregunta que se
debería hacer, es si en realidad es necesario ser oftalmólogo certificado para
hacer ese tipo de intervención o se trata de una técnica que aprendida puede
ser ejecutada por quien se haya entrenado sin perjuicio de su formación académica.
Sabemos que en el primer mundo el
control y la asistencia de los embarazos y partos normales es realizado por
parteras y no se requiere la participación de un ginecoobstetra salvo que sea
necesario intervenir quirúrgicamente, alterándose la relación entre los
profesionales, donde el médico especialista es un colaborador de la partera.
También se ha desarrollado en el
mundo una especialidad, la Medicina Familiar y Comunitaria que resuelve el 85%
de las consultas, desplazando a los pediatras y a los ginecólogos y otros especialistas
del Primer Nivel de Atención y situándolos en la condición de consultantes,
referentes de los primeros.
Quizás lo que se precisa para
mantener el servicio son cataratólogos y no oftalmólogos y siendo una patología
tan frecuente, se deberían preparar el número de expertos necesarios para
realizar estas técnicas en el interior del país.
En relación a esta especialidad,
durante mucho tiempo, ha existido otra disputa por el espacio de los ópticos en
la tarea de recetar lentes. Creo que hoy por hoy, no se discute que con el
adecuado equipamiento la tarea de recetar lentes se ha automatizado de tal
manera que dejó de ser un requisito la especialidad.
El rol del MSP como rector del
sistema parece haber quedado de lado frente a un acuerdo académico entre
gobiernos y facultades, generando una disociación entre lo que se exige en el
mutualismo y en el resto de la actividad privada y lo que no se exige para
resolver este problema.
¿Cómo es posible que hayan pasado
12 años sin que el MSP se cuestionara la calidad de un servicio prestado por
profesionales extranjeros, en forma permanente, durante todo ese tiempo.
¿Hizo el MSP alguna investigación
sobre la prevalencia de las cataratas, sobre la demanda de RRHH para atenderla
satisfactoriamente, sobre cuál debería ser el perfil de esos profesionales, la
distribución geográfica de los pacientes
o dónde se podrían realizar estas intervenciones en el interior el país?
Otro tema que no parece estar lo
suficientemente claro es cuánto ha sido el costo real de este servicio dado a
la comunidad o compartiendo lo que algunos han dicho, cuánto ha sido la
inversión destinada a resolver esta inequidad.
Se dice que la Cátedra de
Oftalmología plantea restricciones a la hora de atender las demandas de post
grados. Si la demanda de expertos para resolver esta problemática es conocida,
¿No se deberían haber encontrado soluciones para levantar esa restricción?
En un sistema de gestión de los
RRHH una de las tareas pasa por la definición del perfil de los cargos y ahí
pueden no ser tan necesarias algunas exigencias que el mercado laboral y sus
operadores deben cumplir.
Y tampoco están demasiado claras
las razones por las que un país, tradicionalmente defensor de los DDHH, ha
permitido lo que según surge de algunas informaciones, que afirma que del
salario destinado a esos técnicos sólo reciben
un porcentaje muy bajo y el resto se paga al Gobierno Cubano como una
suerte de overhead o comisión por respaldar el acuerdo. En general el
porcentaje destinado a ese rol es exactamente al revés.
Como todo lo que se ha hecho en
materia de salud, alcanzó con la vidriera y se ignoró el resto.
Quedamos
atrapados entre conflictos de intereses, sin tomarse el trabajo de encontrar
soluciones permanentes, definitivas y sostenibles, para todo el sistema y no
sólo para una parte del mismo.
¿Existe alguna previsión para no
seguir dependiendo de los cubanos o existen razones extra asistenciales que
justifiquen la presencia de estos enviados.?
Las sociedades científicas, las
gremiales anestésico quirúrgicas, el SMU, la UDELAR siempre tan estricta, nunca
se plantearon dudas al respecto.
Por último. ¿Qué hubiera sucedido
si un invento de esta naturaleza lo hubieran impulsado los blancos o los
colorados. ¿No se habría incendiado la pradera?
Muchas cosas para analizar y
discutir.
