Cada vez se hace más difícil
entender las razones que tuvo Vázquez para mantener cercenada la oportunidad de
que los socios de las prestadoras de salud (mutualistas y ASSE) pudieran
ejercer su libertad y optar por el servicio que les pareciera más atractivo.
Tanto Javier García como Martín
Lema han hecho lo que ha estado a su alcance para terminar con esta muestra del
más claro autoritarismo. Ambos han sido derrotados por ese instrumento que es
legítimo, porque se lo dio la ciudadanía, que son las mayorías parlamentarias.
Ha quedado demostrado, en reiteradas oportunidades, que ha sido uno de los
peores errores que el pueblo uruguayo ha cometido.
Soportamos una dictadura ejercida
mediante la fuerza de las armas, pero muchos de los que la padecieron en carne
propia no tuvieron en cuenta que con su voto estaban propiciando una dictadura
legítima, constitucional, que ha cercenado muchas de nuestras libertades y que
ha habilitado todo tipo de irregularidades.
El ejercicio del autoritarismo
que impide la libre elección del servicio médico que queremos, es la que hoy
nos convoca.
Un artículo de La Diaria, órgano
de prensa que no representa a la oposición, es absolutamente contundente para
confirmar que en la voluntad del Sr. Presidente no ha estado el interés del
soberano, la gente.
Dice el artículo “La decisión
tomó por sorpresa a todos, incluso a las propias autoridades del Ministerio de
Salud Pública (MSP). También a muchos que estuvieron trabajando durante el año
para esta apertura la noticia les cayó como un balde de agua fría. El decreto
fue firmado por el presidente Tabaré Vázquez el viernes 16 de noviembre. Ese
mismo día había una reunión fijada a las 14.00 en la Junta Nacional de Salud
(Junasa), en la que representantes de las mutualistas, de los usuarios, de los
trabajadores, del Banco de Previsión Social (BPS) y de los ministerios de
Economía y Finanzas y de Salud iban a seguir trabajando en un nuevo sistema
informático –basado en el registro digital de las huellas táctiles– que se
implementaría el próximo año con la apertura del corralito. Pero una hora
antes, mediante un escueto mensaje, los participantes fueron avisados de que se
suspendía el encuentro, sin mayores explicaciones. Ese viernes el presidente de
la Junasa, Arturo Echeverría, se fue a su casa convencido de que se estaba
avanzado y que sólo faltaban unos días más de trabajo para implementar ese
sistema operativo que tenía como objetivo brindar mayores garantías y evitar la
intermediación lucrativa.
Rosario Oiz, vicepresidenta del
BPS y representante de ese organismo en la Junasa, admitió que desde la
institución se consideraba que estaban dadas las condiciones para abrir el
corralito mutual y que se estaba trabajando pensando en ese escenario y señaló
a La Diaria: “Nosotros monitoreamos a los prestadores, les
hacemos inspecciones, fiscalizaciones y corregimos los procedimientos” Para
Oiz, los casos detectados por el BPS no justificaban el cierre del corralito
mutual. “Seguramente a nivel de Presidencia tienen información que nosotros no
conocemos”, justificó.
Como toda explicación Vázquez
dijo: “La culpa de que no se abra el corralito mutual, es de “una manga de
sinvergüenzas” que están “metidos en el medio”.
“Lo que vemos es que a medida que
se suspende la movilidad regulada, las instituciones de Montevideo y del
interior bajan los afiliados del Fonasa”, señaló el presidente de Fepremi.
“Mientras tanto, la única que aumenta la cantidad, por la asignación de oficio,
es ASSE”, agregó.
Menudo dato el que se aporta.
Si pensamos que para el
oficialismo el SNIS es el mayor avance en políticas sociales, la teórica
aceptación de ASSE por la gente no es un tema menor.
Si lo abrieran y permitieran que
la gente inscripta de oficio se cambiara, podría ser catastrófico.
En 2017, el último año que se
abrió el corralito, el número de egresos registrados en ASSE ascendió a 21.019
personas
Lo que cabe preguntarse entonces
es en realidad ¿QUIÉNES SON LOS SINVERGÜENZAS?