Una decisión que deja a las claras la inequidad del sistema
Esta columna fue publicada en La Democracia Digital en la primer publicación de su nueva etapa
Días pasados y vinculado a la
resolución ministerial de aprobar el IMAE cardiológico de Salto, señalaba,
entre otras cosas, la relación entre esta decisión largamente esperada y el
tema de la equidad.
Me preocupa que aún no se cuenta
con la aprobación del Fondo Nacional de Recursos, cuya directora manifestó una
posición contraria a dicha autorización, aunque parece haber mayoría dispuesta
a aprobarla. Si se concreta, seguramente se ejercerá la potestad de demorar su
concreción el tiempo que la tramitación habitualmente requiere. Nada de dar
ventajas a quienes “no la merecen”.
Simultáneamente y como no podía
ser de otra manera, el Hospital de Tacuarembó reclamó su espacio como
institución estatal, que además ha sido apoyada en otros emprendimientos que lo
sitúan como un Centro de Referencia en algunas especialidades, para el Norte
del río Negro.
Se puede decir, sin temor a
equivocarse, que es harina de otro costal. Una cosa es un emprendimiento
privado, con el respaldo de la FEMI y del Sanatorio Americano, centro de
Referencia Nacional que esa organización posee y otra es una unidad ejecutora
de ASSE, organismo estatal que se ha caracterizado en los últimos tiempos por
su pésima administración, que a su vez debería asociarse con el IMAE del
Hospital de Clínicas, estructura asistencial dependiente de la Universidad, que
a su vez se ha caracterizado por su gestión reiteradamente deficitaria.
Por otra parte no parece lógico
pensar que este acuerdo puede ser logrado con cierta facilidad, cuando van 10
años de la supuesta Reforma de la Salud y aún no se ha podido definir con
claridad cuál es el rol de dicho hospital en el Sistema Nacional Integrado de
Salud.
Con mucho pesar me temo que mi
amigo Ciro Ferreira, director del Hospital de Tacuarembó, deberá desarrollar al
máximo sus capacidades de negociador para convertir en realidad esta utopía.
De todas formas voy a pensar en
positivo. El antecedente salteño, la sinergia de todas las fuerzas políticas
locales, la ubicación estratégica sobre la ruta 5, el equipamiento disponible y
la identificación como opción estatal englobadora de lo universitario, con su
necesidad tradicional en materia de extensión hacia el interior, podrían ser
variables favorecedoras de su concreción en un tiempo relativamente corto.
De ser así, estaríamos frente a
otro logro trascendente en materia de descentralización asistencial, que no
debería hacernos perder de vista que el país quedaría con cierto grado de
hemiplejia, al quedar todo el litoral este sin cobertura alguna en esa materia.
Cerro Largo es el departamento
que en el mapa cuenta con la ruta 26 para llegar a Tacuarembó. La utilidad de
esa vía de comunicación está tremendamente cuestionada por el deterioro que ha
sufrido dicha ruta.
Treinta y Tres y el resto de los
usuarios de la ruta 8, hasta Montevideo, no tendrían cobertura asistencial y la
inequidad se mantendría en las mismas condiciones.
Ese razonamiento llevaría a
pensar, con los mismos criterios, en otro IMAE en esa zona del país.
Por supuesto que si la
habilitación del de Salto pone en riesgo la estabilidad del sistema, porque la
demanda de los actuales centros montevideanos se vería seriamente alterada, la
apertura de 2 centros más, al Norte del Río Negro, generaría un impacto tremendo y aparentemente
inevitable en ese equilibrio.
Y ésto ¿qué significa?
En primer lugar nos señala que las
modificaciones, en un sistema cualquiera, deben realizarse de manera
planificada considerando los diferentes impactos que dichas modificaciones seguramente
generarán sobre los componentes del mismo. Por lo tanto no deberían ser
resultado de presiones locales aisladas y si de una visión de la totalidad de
los servicios asistenciales como un Sistema Nacional.
Por otra parte, si se analiza
exclusivamente la asistencia de las emergencias cardiovasculares, se corre el
riesgo de mantener situaciones de inequidad actuales de real gravedad, como las
que se generan por la escasa o casi nula oferta de recursos disponibles para la
atención de las demás situaciones de emergencia en general y de tránsito en
particular.
Si se tiene en cuenta la
situación actual, se debería pensar en la complementariedad público privada,
incorporando ambas opciones en una solución integrada, aprovechando todos los
recursos disponibles y complementándola con medios de transporte adecuados
(aéreos por ejemplo) que permitan dar cobertura a las emergencias en general de
toda la población al Norte del Río Negro.
Por lo tanto, quienes sostienen las
virtudes del SNIS, deberían revisar sus posturas y analizar con detención TODAS
las oportunidades de mejora que tiene el Sistema y tratar de impulsar las
sinergias políticas necesarias para resolver de manera adecuada y sobre todo
con enfoque sistémico, la asistencia de toda la población del país, con la
mayor equidad posible.
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